Obras por Impuesto

Este es un novedoso mecanismo (2016) por el cual las empresas tienen la posibilidad de descontar hasta el 50% del impuesto de renta, con las inversiones ejecutadas directamente en beneficio de las comunidades afectadas por el conflicto, usualmente en el área de influencia de sus operaciones aunque no necesariamente, según priorización en 170 municipios, inclusión en el PDET de la región, presentación de la iniciativa, formulación del proyecto (aplican costos de pre inversión acordados con el Ministerio respectivo), registro y aprobación del proyecto en el BPIN – DNP. La ley 1819 del 2016 de reforma tributaria, hizo trámite con el apoyo de gremios como la ANDI y luego de 2 años, la Ley de Financiamiento consideró modificaciones. La Agencia de Renovación del Territorio socializa para comentarios el proyecto de un nuevo Decreto reglamentario, que define el segundo modelo (modificación del Decreto 1915 del 2017).

Los logros en los dos primeros años de implementación del mecanismo señalan la vinculación de 42 empresas, con inversiones que suman 380 mil millones de pesos, en 65 proyectos viabilizados. Uno de los principales cambios para el segundo modelo es la ampliación de las líneas de inversión; inicialmente se contemplaron proyectos relacionados con agua potable y acueductos, saneamiento básico, educación y salud pública, construcción de vías y puentes y energía. Los Ministerios de Agricultura y Ambiente estudian la forma en que se incluirán nuevas líneas, proyectos productivos integrales o asociados al cambio climático, donde el reto es como viabilizar una financiación y ejecución privada de corto plazo. Otro aspecto que cambia es la ampliación de la ubicación de las obras, buscando la integración a proyectos de impacto; las inversiones podrán comprender veredas de municipios no PDET siempre y cuando en el conjunto exista por lo menos un municipio PDET.

Los empresarios expresan preocupación por la presión que sobre el flujo de caja genera la reglamentación del mecanismo, puesto que el impuesto se paga en la vigencia fiscal, se deben desembolsar los recursos de pre inversión (proyecto formulado según metodología MGA) y los recursos para la ejecución  del proyecto según el cronograma y, en la experiencia de la empresas que ya han ejecutado proyectos, hay que tener mucha precisión sobre el valor total (imprevistos, contingencias, tiempo de ejecución), pues el riesgo es que las adiciones o sobre costos queden por fuera del valor del título. Lo anterior, por cuanto anualmente el CONFIS, del Fondo en Paz asigna un cupo para las inversiones de obras por impuestos, con una distribución según regiones de regalías y éste se agota rápidamente, con base en unos proyectos aprobados. Ello no deja de ser contradictorio, puesto que las ejecuciones se realizan con recursos privados, si bien, la tesorería general de la Nación tiene un ingreso (pago del impuesto) y una salida con la redención del título de renovación del territorio. Es la primera vez que el CONFIS, a cargo de la vigilancia del cumplimiento del marco fiscal a mediano y largo plazo incluye recursos de alianzas público – privadas o figuras similares, como es este caso. 

Si bien, en el nuevo modelo se podrán liquidar hitos (recibo parcial de obra) para la expedición del título (con el cual el contribuyente solicita la devolución del impuesto ante la DIAN), hay que considerar los costos ocultos y de transacción que toda la ejecución conlleva. Se identifican riesgos como los tiempos de trámite y aprobación del proyecto presentado ante las entidades nacionales: ART, Ministerio, DNP; el tiempo requerido para acordar el proyecto y lograr que la Alcaldía expida el certificado sobre la disponibilidad de los recursos que aseguren la operación y mantenimiento del proyecto (alineado a los objetivos del PMD). Si bien, ello es condición esencial para lograr un impacto social, genera incertidumbres, primero sobre la capacidad de los Ministerios para recibir todas estas obras (con el visto bueno de la interventoría) y, segundo, sobre la capacidad de las Alcaldías para asumir la operación y mantenimiento de las obras. Para la ejecución de la obra se debe suscribir un convenio con el respectivo Ministerio, para depositar en un fondo fiduciario o en un patrimonio autónomo los recursos que pagan la supervisión e interventoría. Los empresarios que ya ejecutaron obras manifiestan dificultades en acordar los términos de referencia y el proceso de selección para la contratación de la interventoría con el respectivo Ministerio. La contratación de la obra se hace en apego a la normatividad que rige para la naturaleza jurídica del contribuyente. Teniendo claro, que el interés para la empresa es un tema de reconocimiento, reputación y prestigio en el área de influencia de sus operaciones o de responsabilidad social cuando opera en el ámbito nacional, la ejecución de obras no es competencia de su objeto social y por lo tanto, debe asumir los costos para la contratación de una gerencia de obra externa, que realice además la coordinación institucional y supere todos los cuellos de botella que se presentan en el proceso.

El Gobierno espera que el mecanismo sea utilizado no sólo por las 92 grandes empresas del país, sino que cuente con la participación de pequeñas y medianas empresas, incluso personas naturales, puesto que un proyecto puede recibir recursos de varias fuentes. Sin embargo, este es otro caso más, en que la reglamentación choca con los principios de la administración privada. Las demoras y los sobrecostos deben ser asumidos por las empresas, “hay temas públicos que se están trasladando al privado, incluidas las maneras en que se deben resolver los problemas. La Ley es un buen instrumento, pero necesita flexibilizarse para que al final se entregue una obra bien hecha”, es una gran oportunidad para las comunidades de recibir inversiones que de otra manera, por la capacidad institucional, no llegarían, expresa Sonia Gómez, gerente de Diselecsa (El Espectador, 7 sept 2018).  

En el otro lado, las Alcaldías y Gobernaciones durante el 2018 radicaron proyectos en el BPIN y el Gobierno espera que los empresarios se unan para su financiación. En este caso, el empresario toma el proyecto del banco de proyectos y puede realizar ajustes, especialmente en los costos y tiempos de ejecución. Proyectos para el desarrollo de cultivos de cacao, por ejemplo, esperan la vinculación de la Compañía Nacional de Chocolates. En marzo de 2019, la ART abrió dos concursos de méritos para estructurar entre 360 a 400 proyectos de infraestructura y de desarrollo económico, productivo, ambiental y forestal para los 170 municipios PDET; con una inversión de $27,363 millones, se busca estructurar dos proyectos por municipio y cuatro proyectos subregionales por  cada una de las 16 subregiones PDET.

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